MANIFIESTO
El H. Congreso del Estado de Sinaloa, al pueblo de México y de Sinaloa hace saber:
Ante los acontecimientos violentos del jueves 17 de octubre de 2019 acaecidos en la ciudad de Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, reconocemos que se generó una situación que agravia a la sociedad y al Estado Mexicano, y evidencia a la vez la necesidad que todas las fuerzas políticas y los diversos niveles de gobierno y órganos del Estado sumemos esfuerzos en aras de la paz y la seguridad de los mexicanos y los sinaloenses. Combatir la violencia y la inseguridad generada por el crimen organizado y la larga historia de corrupción reclama la mayor unidad.
El Poder Legislativo de Sinaloa, en el marco del federalismo republicano, manifiesta su respaldo al presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, reconociendo su visión para transitar a un Estado de paz duradera que pone en el centro la vida de los seres humanos, superando las estrategias de muerte y violencia. El humanismo al mando de la política de Estado para el combate a la violencia y la inseguridad.
Optar por la vida fue una decisión acertada del gabinete de seguridad nacional e inmediatamente respaldada por el C. Presidente de la República. Evitar una masacre, acabar con la zozobra y el terror de niños y mujeres y hombres que se encontraban en el sitio de las balaceras, sugiere la posición más elevada de un estadista. Combatir la violencia no debe ser a costa del sacrificio de seres humanos.
Asimismo, expresamos nuestro apoyo y respaldo al gobierno de Sinaloa, al C. Gobernador Quirino Ordaz Coppel, por sus contribuciones para restablecer la normalidad en Sinaloa, y en especial en Culiacán, destacando su disposición a coordinarse con el gobierno federal.
Por supuesto, que es insoslayable destacar las faltas legales, los errores y omisiones tácticas y técnicas, cometidas en las acciones de las fuerzas policiacas y militares que se presentaron a realizar el operativo del citado 17 de octubre. El propio gabinete de seguridad lo reconoce como un operativo fallido. A diversos órganos del Estado le corresponde hacer las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.
Estamos claros que hay muchas dudas en ciertos sectores de la población, y les asiste la razón. Para avanzar y recuperar la tranquilidad y la confianza, es indispensable se cumpla con las investigaciones en torno al operativo fallido, llamado así por los propios mandos del gabinete de seguridad nacional. Investigaciones que deben realizarse con estricto apego a derecho y total transparencia ante la sociedad. Sinaloa y México así lo reclaman. Cumplir esto es necesario e inaplazable.
Reconocemos que al reivindicar la estrategia de la no violencia por el gobierno federal no supone renunciar al monopolio y uso de la fuerza de Estado. Implica, al contrario. Definir una estrategia caracterizada por la inteligencia y la atención a las causas sociales de fondo que explican la descomposición social de la que se alimenta el crimen organizado. La fuerza de la delincuencia no está por encima de la política y la fuerza del Estado mexicano.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas inocentes, efectivos militares y policiacos caídos en el cumplimiento de su deber.
Les pedimos a las autoridades estatales que asuman la atención a las víctimas de los sucesos de este día jueves 17.
De igual forma, manifestamos nuestro reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional y a los diversos cuerpos policiacos de nuestra entidad federativa.
Los tiempos que vivimos son de reflexión y solidaridad. Con orgullo observamos la capacidad de respuesta de los sinaloenses tan plena de solidaridad y socorro ante la amenaza de muerte: empresas, casas habitación y otros espacios cobijaron a cientos de personas para evitar los riesgos que implicaba la gran cantidad de enfrentamientos en la calle.
Justamente por el carácter y fuerza moral de los sinaloenses, por su cultura y sus convicciones, la normalidad ha retornado a la ciudad de Culiacán. Vale decir, se observa un pueblo creciente en identidades propiciadas ante la adversidad.
Como igual son tiempos para que todos los niveles de gobierno, con base al artículo 21 constitucional, sumen esfuerzos trascendiendo colores partidarios, y así garantizar la vigencia del estado de derecho, la seguridad de las personas y una paz duradera.
Unidad nacional en torno a la política del Estado para el combate a la violencia y la inseguridad es el reto de todas las fuerzas políticas del país comprometidas con la paz y el desarrollo social de México; garantizar la aplicación de la ley y la seguridad es la obligación del Estado.
Dado en el Palacio Legislativo de Sinaloa, a los 22 días del mes de octubre de 2019.
