Las y los diputados integrantes del Grupo parlamentario de morena en la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, hicieron llegar al gobierno del estado un manifiesto a través del cual llaman a implementar medidas de ajuste presupuestal y acceso a la información y transparencia en el ejercicio de gobierno, con el fin de atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid 19.
Los legisladores morenistas sostuvieron encuentros con los medios de comunicación a través de plataformas digitales para dar a conocer este documento, en el norte del estado con los diputados Gildardo Leyva y Juan Ramón Torres así como las legisladoras Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López, en el sur con Flor Emilia Guerra, José Antonio Crespo y Yeraldine Bonilla; y en el centro del estado con Victoria Sánchez, Francisca Abelló, Pedro Villegas Lobo, Marco Antonio Zazueta, Marco César Almaral, José Rosario Romero y Horacio Lora Oliva. En los tres encuentros con los medios estuvo participando la coordinadora de la fracción morenista y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava.
El Grupo Parlamentario de morena celebró la decisión de no contratar deuda para enfrentar esta crisis y reconoció el trabajo realizado por el personal de la Secretaría de Salud, pero señaló que en concordancia con la política que ha trazado a nivel Federal el presidente Andrés Manuel López Obrador, es necesaria la aplicación de rigurosas medidas de austeridad en el ejercicio del gobierno del estado con el fin de ajustar el presupuesto y atender a los sectores más vulnerados por esta emergencia sanitaria.
La ley obliga. Las circunstancias imponen cambios. La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2020, en su artículo 67, establece que el Ejecutivo Estatal por conducto de la secretaría, efectuará los ajustes a los montos de los presupuestos aprobados a las Dependencias y Entidades, cuando se presente una disminución de los ingresos presupuestales y/o contingencias que obliguen a llevar a cabo acciones de emergencia. En el mismo sentido lo establece la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 19 y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 15.
Por lo tanto el Grupo Parlamentario de morena propone, a través de este manifiesto público, que los recursos liberados por estos ajustes presupuestales se orienten en tres líneas específicas:
La primera es el equipamiento de hospitales y protección integral a los trabajadores de la salud que atienden enfermos de Covid 19. Es urgente que se inviertan más recursos para garantizar el abasto suficiente de los insumos médicos y equipamiento para que se brinde una adecuada atención a todos los pacientes. Es indispensable implementar un programa integral para proteger al personal médico que todos los días arriesga su propia vida atendiendo a quienes se han contagiado con el virus. La protección del personal de salud supone el pago de ingresos dignos, justos y oportunos. Brindar seguridad social a todo el personal precario que trabaja bajo contratos y que no cuenta con prestaciones laborales, así como proveerles del equipo adecuado para la atención a los pacientes; transporte y hospedaje seguro a los involucrados en la atención a personas contagiadas.
La segunda línea es diseño e implementación de un programa de solidaridad alimentaria garantizando comida a los hogares que carezcan de esta. Esfuerzo que deberá orientarse a los sectores socialmente marginados, los pobres sin ingresos que no estén incluidos en los Programas Sociales del gobierno federal, desempleados, y todos aquellos que requieren de la solidaridad. Para cubrir con propiedad la solidaridad alimentaria se requiere identificar social y territorialmente donde se ubican estos sectores.
Y la tercera es definición de un plan para la reactivación de la economía que amplíe y fortalezca las iniciativas que llegan del gobierno federal. Especialmente definir las acciones de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de Sinaloa. Al mismo tiempo debe promoverse y acelerarse el plan de inversión pública estatal en obras de infraestructura. Especialmente destrabar los problemas de indemnizaciones de la presa de Santa María en el municipio de El Rosario, construcción del pueblo donde se reubicarán los afectados por esta obra hidráulica, y así liberar el flujo de la inversión pública federal que supera los mil millones de pesos. Acciones de este tipo tendrán impactos en diversas ramas de la estructura productiva y los servicios.
Los legisladores morenistas señalaron que el Ejecutivo estatal está facultado por la legislación de Sinaloa para tomar estas medidas debido a la situación de emergencia que se vive, y está convocado a realizar los ajustes necesarios en el universo de 20 mil 551 millones de pesos del que dispone, pues es necesario que el gobierno se apriete el cinturón y no el pueblo.
A manera de ilustración de los argumentos que soportan este manifiesto y sus propuestas, los morenistas informaron que para el primer trimestre de 2020 estaba programado que el gobierno de Sinaloa recibiría del gobierno federal 5 mil 73 millones 441 mil pesos. A través de la Secretaría de Hacienda, según fuentes de esta misma, el gobierno federal no solo cumplió, sino que hizo una entrega superior a lo previsto al depositar 5 mil 946 millones 600 mil pesos, es decir, 873 millones 159 mil pesos más de lo programado.
De igual forma, la operación del propio gobierno del estado y sus dependencias se ha visto reducida por la misma contingencia, lo que supone un ahorro significativo en el gasto operativo que podría redirigirse a la atención de los grupos vulnerables, pero es necesaria la voluntad del Gobierno del Estado.
Para concluir los morenistas reiteraron la necesidad de la colaboración constitucional; proponiendo al Ejecutivo reuniones de trabajo y unidad entre los poderes de Sinaloa, señalando que son tiempos para generar confianza con base al cumplimiento de la ley y la ética, tiempos de unidad y convocatoria para preservar la vida y generar condiciones para la reactivación de la producción, el empleo y los ingresos; son tiempos para elevar la ponderación del sector salud y rodearlos de las mejores condiciones de trabajo y reconocimiento social.