Da Congreso trámite a terna para elegir Magistrado de Sala Superior del TJA

El Congreso del Estado dio lectura al oficio del Gobernador Quirino Ordaz Coppel en el que presenta una terna para que el Pleno elija a quien será Magistrado o Magistrada propietaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.

Isabel Duarte Rodríguez, Jaime Salomón Hariz Piña, Rafael Rodríguez López, integran la terna que envió al Legislativo el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

De acuerdo con el oficio que envió el Ejecutivo, cada uno de los candidatos cumplen con todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

Duarte Rodríguez, se ha desempeñado como Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública 132; Auxiliar de Defensor de Oficio; docente en la preparatoria Tec-Milenio y de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

Dictaminadora y Jefa del Departamento de Proyectos de Dictámenes; encargada del despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo y Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo. Todo en el H. Congreso del Estado.

Actualmente es Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de Cobaes, entre otros cargos.
Jaime Salomón Hariz Piña, ha cursado los doctorados en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Ha sido Secretario de Estudio y Cuenta de diferentes juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial, así como en Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Rodríguez López cuenta con experiencia en la docencia como profesor titular de la materia de Amparo en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; profesor en la Maestría de Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la UAS.

Es abogado postulante en las materias de Derecho Administrativo, Fiscal y Amparo.

Fue subprocurador Fiscal del Gobierno del Estado y también Procurador Fiscal del mismo Gobierno del Estado.
Después de la lectura, el oficio fue canalizado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

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