Recibe Graciela Domínguez propuesta de Ley de Planeación de Coparmex y CES

El Congreso del Estado realizó este miércoles el Foro Estatal que forma parte de la etapa informativa de la Consulta Indígena Electoral a realizar para definir cómo debe darse la representación de estos pueblos en los Ayuntamientos.

Ante un público eminentemente indígena, el Foro tuvo lugar en el Salón Constituyentes de 1917 del Congreso del Estado, y fue puesto en marcha por las presidentas, de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava y de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla.

El pasado 19 de diciembre el Congreso aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que contiene las bases para la realización de esta consulta.

Ello, en atención a resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que advirtió que el Congreso del Estado no ha dictado la ley que permita el ejercicio del derecho de representación indígena en los Ayuntamientos, como lo ordena la Constitución Federal.

El objetivo de la consulta es establecer un diálogo con los pueblos, comunidades y personas indígenas de Sinaloa a fin de que expongan sus puntos de vista sobre cómo debe regularse el ejercicio del Derecho de Representación Indígena ante los Ayuntamientos y la participación que los mismos han de tener una vez electos.

La presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, resaltó que el poder Legislativo busca que las comunidades originarias sean escuchadas.

“El reconocimiento que buscamos como Poder Legislativo es que sea plasmado en la Constitución Política de Sinaloa, en la Ley de Gobierno Municipal y en la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa”.

El objetivo, dijo, es que de acuerdo al sistema de normas internas, de procedimientos, de tradiciones, de usos y costumbres, observando también el principio de paridad, las comunidades indígenas tengan representantes ante los cabildos municipales.

“Solamente a través de la participación indígena se tendrá la figura del representante indígena, para que sea un verdadero enlace o gestor de los intereses de las comunidades indígenas en los Cabildos de Sinaloa”, dijo.

El diputado Gildardo Leyva Ortega, presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, confió en que se podrá lograr el objetivo de la Consulta Indígena Electoral si logran que los consejos de ancianos y demás autoridades indígenas se inmiscuyan y expresen sus propuestas.

Dado que no ha resultado fácil la regulación y el tratamiento de manera integral de toda la problemática indígena, reconoció que el Congreso del Estado tiene una deuda enorme con las comunidades y pueblos indígenas.

“Para ampliar la inclusión indígena estamos todos obligados a construir alianzas plurales por medio del diálogo incluyente e intercultural”, dijo.

La consulta a realizar, se comprometió, será previa a la toma de decisiones, libre, informada y de buena fe.

Durante la inauguración del Foro participó el Comisionado Estatal para la Atención de las Comunidades Indígenas, José Rosario Peñuelas Castro, quien reconoció que este día quedará marcado como un antes y después para las comunidades indígenas.

“Inicia un proceso irreversible de participación y presencia de los indígenas en la toma de decisiones, donde se define parte importante de las políticas públicas, de las cuales las comunidades hoy sólo son receptoras”.

Aseguró que tiene la instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel de cooperar para llevar a cabo exitosamente la consulta.

Al término de las intervenciones se abrió un espacio para la participación de los asistentes, quienes reconocieron tener frente una gran oportunidad para hacerse escuchar y sean tomadas sus propuestas.

Demandaron también que en la consulta únicamente se tomen en cuenta las opiniones y propuestas de las comunidades y pueblos indígenas, que se llegue a los pueblos, a los centros ceremoniales, a los consejos de ancianos, y que no intervengan terceros.

Para llevar a cabo la consulta el Congreso contará con un comité organizador integrado, por el Secretario General y por los presidentes y presidenta, de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas y Comisión de Derechos Humanos.

Como órgano garante fungirá la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas actuará como órgano técnico asesor.

Estuvieron presentes en el Foro, Miguel Àngel Calderón Espinoza, representante de la CEDH; Perla Lizzet Bueno Torres y Celoria Isela García Cuadras, representantes del IEES, y representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.

También los diputados Horacio Lora Oliva, Alma Rosa Garzón Aguilar, Rosa Inés López Castro, Francisca Abelló Jordá, Juan Ramón Torres Navarro, Florentino Vizcarra Flores, Marco Antonio Zazueta Zazueta y María Victoria Sánchez Peña.

Avanza dictamen que penaliza la violencia de la intimidad sexual

El pleno del Congreso del Estado dio primera lectura al dictamen de iniciativa de reforma y adiciones al Código Penal que busca imponer cárcel y multa económica a quien publique o difunda, por cualquier medio electrónico, imágenes, audios o videos eróticos de una persona, sin su consentimiento.

Esta iniciativa fue presentada por las diputadas y diputados Graciela Domínguez Nava, Yeraldine Bonilla Valverde, Pedro Alonso Villegas Lobo, Cecilia Covarrubias González, Flora Isela Miranda Leal, Francisca Abelló Jordá, Alma Rosa Garzón Aguilar, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, Flor Emilia Guerra Mena, Rosa Inés López Castro.

También por José Rosario Romero López, Ocadio García Espinoza, José Antonio Crespo López, Juan Ramón Torres Navarro, Apolinar García Carrera, Florentino Vizcarra Flores, Horacio Lora Oliva, Gildardo Leyva Ortega y Marco Antonio Zazueta Zazueta.

El dictamen de la iniciativa implica reformar el Código Penal del Estado de Sinaloa y adicionar el Capítulo V Bis, llamado Violación de la Intimidad Sexual, que penaliza de uno a tres años de prisión a quien cometa este delito.

Se penaliza a quien con propósitos de lujuria o erótico sexual, publique o difunda por cualquier medio electrónico, textos, imágenes, sonidos de audios o videos de una persona, sin su consentimiento.

Se presume que se publican o difunden con los propósitos aludidos en el párrafo anterior si se trata de imágenes o videos que muestran al sujeto pasivo desnudo o semidesnudo.

En caso de que el sujeto pasivo sea una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo o si se trata de una persona menor de dieciocho años, se impondrá prisión de tres a cinco años.

Cuando la publicación o difusión a que se refiere este artículo sea con fines de lucro, la pena de prisión será de tres a seis años y de quinientos a mil días multa.

Las penas anteriores se aumentarán hasta en una mitad más si el sujeto activo tiene relación de parentesco por consanguinidad afinidad, matrimonio, concubinato o relación de hecho con el sujeto pasivo.

Además de la aplicación de las penas previstas en el presente artículo, si el sujeto activo es servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, además de la pena señalada, será destituido del cargo y se le inhabilitará para el ejercicio de la función pública hasta por siete años.

En caso de reincidencia en cualquier supuesto previsto en este capítulo, la pena de prisión aumentará hasta una tercera parte.

Este delito se perseguirá por querella de parte, excepto en los supuestos previstos en el tercero y cuarto párrafo del presente artículo que serán perseguibles de oficio.

Incurrirá también en acoso sexual quien sin consentimiento y en perjuicio de la intimidad del sujeto pasivo, con propósitos de lujuria o erótico sexual, grabe, reproduzca, fije, ofrezca, almacene, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual o por cualquier otro medio.

En los considerandos que sustentan la iniciativa se informa que México ya está entre los primeros lugares a nivel mundial en el uso de redes sociales, y también es el segundo país con mayor número de ataques por parte de criminales que utilizan la red para el tráfico órganos, pornografía infantil, secuestros reales y virtuales, extorsión, entre otros delitos.

Uno de los que ha comenzado a viralizarse es la porno venganza, una acción que viola la intimidad de un individuo, cuando una persona publica o comparte imágenes, videos, audios o mensajes con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento.

Con base en estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, se estima que al menos 9 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso, incluido en éste la porno venganza.

Aprueba Congreso ajuste de 2.5 por ciento al Predial; por debajo de la inflación

El pleno del Congreso del Estado aprobó actualizar, para 2020, los valores unitarios del suelo y de las construcciones de los 18 municipios, con lo cual el Impuesto Predial Urbano tendrá un ajuste del 2.5 por ciento, por debajo del índice inflacionario.

Previo a la votación de los dictámenes, la presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, María Victoria Sánchez Peña explicó que al recibir de los municipios sus respectivas iniciativas, hicieron un análisis pormenorizado de las mismas.

Ello permitió, dijo, encontrar que los municipios de Ahome, Mazatlán y Escuinapa realizaron incrementos en el Uso de Suelo, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Catastro, ambas del Estado de Sinaloa, los cuales fueron de 3.19, 3.55 y 3.41 por ciento, respectivamente.

Agregó que a excepción de Badiraguato; que no aumentó los valores de las construcciones, los restantes 17 municipios incrementaron los valores de las construcciones en promedio del 5.56 por ciento.

Sin embargo, prosiguió, los municipios de Ahome, Salvador Alvarado, Mazatlán y Escuinapa realizaron incrementos en promedio por debajo del resto de los municipios, con un 3.0, 4.31, 3.63 y 3.38 por ciento, respectivamente.

Sánchez Peña manifestó que la inflación anualizada del año 2018 fue de 4.28 por ciento con una tasa promedio mensual de inflación de 0.38 por ciento.

De enero a noviembre de 2019, agregó, la inflación se colocó en niveles del 2.5 por ciento con una Tasa Promedio Mensual de 0.21 por ciento.

“Estas variables dieron pauta a la valoración cuantitativa sobre la determinación del porcentaje que hoy se propone: 2.5 por ciento”, enfatizó.

Y sólo por mencionar el dato, puntualizó, la inflación en noviembre de este año fue de 2.9 por ciento.

La presidenta de la Comisión agregó que en los criterios generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2020, se proyecta un cierre de la inflación anualizada para este 2019 de entre 3.0 y 3.5 por ciento.

La proyección para el próximo año, añadió, es que la inflación fluctué en una banda de entre el 2.5 y 3.5 por ciento, con una meta proyectada anualizada menor al 3.0 por ciento.

“Es decir”, mencionó, “no estamos fuera del rango de los parámetros de dichos criterios”.

Condenan diputados y diputadas violencia política contra mujeres

La 63 Legislatura reiteró en la sesión ordinaria de este jueves su total rechazo a la violencia política en contra de las mujeres y que se les obstaculice su labor como funcionarias públicas en los cargos que ocupen.

Diputadas y diputados de distintos partidos se pronunciaron porque se hagan valer las leyes que garantizan el respeto a las mujeres, y en particular se solidarizaron con la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benítez (presente en la sesión y respaldada por un grupo de ciudadanos de Los Mochis).

La primera en tocar este caso fue la diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, quien recordó que la síndica procuradora de Ahome denunció personalmente la violencia que ejerce en contra de ella el alcalde de dicho municipio, Manuel Guillermo Chapman, y lo hizo directamente ante el Congreso del Estado y ante el Ejecutivo estatal.

Posteriormente, dijo, acudió al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y éste emitió la resolución que reconoce la violencia de género en su contra y ordena que se le restituyan todas sus funciones como síndica procuradora y que además el alcalde le ofrezca una disculpa pública.

El problema, observó, es que este acoso se repite en otros municipios, y demandó de los organismos protectores de las mujeres que tomen las medidas necesarias.

Incluso informó que este caso ya es del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La diputada Cecilia Covarrubias González reiteró que la violencia política en contra de la síndica procuradora de Ahome ya está reconocida.

También se pronunció a favor de que todos los derechos le sean restituidos, aunque dijo ver con tristeza que las leyes para la igualdad no se respetan y que en ocasiones son las propias autoridades las que hacen mal uso de estas leyes.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, presidenta de la Mesa Directiva, también se solidarizó con la síndica procuradora de Ahome y recortó que en su momento la fracción parlamentaria a la que pertenece presentó un punto de acuerdo en contra del alcalde de Ahome.

Lamentó que dicho alcalde desconozca el avance que hay en materia de género y la representación política que las mujeres han alcanzado.

Recordó que este mismo presidente municipal ya ejerció violencia en contra de una mujer policía, además de que denigró y denostó a una niña.

Explicó que el juicio político que ciudadanos solicitaron en contra del alcalde de Ahome no prosperó porque no se cumplieron los requisitos, de acuerdo al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

También para solidarizarse con la síndica procuradora, subieron las diputadas Roxana Rubio Valdez, Mónica López Hernández, Pedro Lobo, Juan Ramón Torres Navarro y Apolinar García Carrera.

Solicitan químicos a diputados presupuesto para renivelación salarial

Culiacán.- Diputadas y diputados de las comisiones permanentes de Hacienda Pública y Administración y de Salud y Asistencia Social, encabezados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, atendieron a un grupo de químicos del sector salud que demandan una renivelación salarial.

En su propuesta de renivelación proyectan una partida presupuestal de 31 millones de pesos, lo que les permitirá dejar el código de Técnicos Laboratoristas que tienen para obtener el código de Químicos.

El código de Técnicos Laboratoristas, expusieron, no corresponde al perfil académico ni a las funciones que realizan.

Al cambiar de código, explicaron, obtendrían el 100 por ciento de la remuneración a la que aspiran, de la cual actualmente sólo reciben el 50 por ciento.

Los trabajadores del sector agradecieron la atención que se les brinda y confiaron en que sus peticiones puedan ser atendidas en el presupuesto estatal del próximo año.

María Victoria Sánchez Peña y Faustino Hernández Álvarez, presidenta y secretario respectivamente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, estuvieron en esta reunión con el grupo de químicos.

Guadalupe Iribe Gascón, Mario Rafael González Sánchez, Yeraldine Bonilla Valverde y Pedro Alonso Villegas Lobo, presidenta y vocales, respectivamente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, participaron en esta reunión de trabajo.

Recibe Congreso del Estado Tercer Informe de Labores de Quirino Ordaz

En cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, este viernes el Congreso del Estado recibió del Gobernador Quirino Ordaz Coppel su Tercer Informe de Gobierno.

El informe lo recibieron la presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava.

Félix Niebla observó que se entregó al mandatario estatal la constancia que ampara la recepción del informe, lo cual se cumplimentó en tiempo y forma.

“Con la responsabilidad institucional que amerita la revisión de este informe por parte de las comisiones permanentes como los órganos de gobierno de esta soberanía, habremos de hacer las valoraciones correspondientes”, dijo.

“Desde el Poder Legislativo puedo afirmar que todas las fuerzas políticas tenemos voluntad y disposición de avanzar por encima de los intereses particulares o de grupo que por legítimos que sean está primero el interés superior, que es Sinaloa”.

Por su parte, la presidenta de la JUCOPO comentó que el Tercer Informe será sometido a la revisión y glosa de la Honorable Asamblea de Diputados; “ejercicio que habremos de realizar con base a la ley y el interés del pueblo”.

Es nuestra obligación legal y compromiso –puntualizó– en tanto representantes populares.

Luego de entregar su informe el Gobernador Quirino Ordaz Coppel explicó que en él se detalla el estado que guarda la administración pública estatal, así como el avance de las metas del Plan Estatal de Desarrollo.

Agradeció a la Mesa Directiva y a la JUCOPO esta muestra de colaboración y respeto institucional.

“Este año –reconoció– hemos contado con un gran aliado del pueblo de Sinaloa, como lo es el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

Aseguró que en López Obrador “hemos encontrado respuestas concretas y favorables para Sinaloa”.

Mi gobierno, agregó, siempre estará atento y en una actitud abierta y transparente para discutir, reflexionar, valorar sobre las diferentes propuestas y reformas que sí convengan a la sociedad sinaloense.

“Es una muy buena oportunidad que entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial mandemos una señal de lo que somos capaces de hacer los sinaloenses y tengamos modelos democráticos, plurales, abiertos, como lo merece nuestra Constitución”.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Salón Constituyentes de 1917, ante la presencia de los coordinadores parlamentarios y diputados, así como de funcionarios estatales.

Controversia constitucional busca certeza jurídica: GDN

Luego de que el Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la Comisión de Fiscalización, interpusiera un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido al veto impuesto por el ejecutivo estatal al no promulgar el decreto que rechaza los informes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava; aseguró que se trata de una medida correcta que tiene como objetivo tener la mayor claridad posible en este procedimiento.

“La litis del tema, tiene que ver con aclarar si el Ejecutivo estatal tiene facultad de veto en materia de fiscalización, ése es el punto”, observó la morenista. “Fue un tema muy discutido sobre si fue legal o ilegal el marco en el que se analizaron las cuentas públicas, finalmente se votó a favor de los dictámenes generados en la Comisión y ahora se trata de dilucidar si el ejecutivo tiene la facultad de veto en materia de fiscalización, no tenemos duda que la tiene en otras materias”, añadió la también presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Graciela Domínguez Nava consideró que es importante tener claridad jurídica en este procedimiento y delimitar los campos de competencia de cada poder. “Lo que lleva a tomar la decisión es que se trata de un tema de fiscalización, que es una facultad de los poderes legislativos en su calidad de contrapesos que ejercen control sobre el resto de los poderos. Considero que debemos tener claridad, por eso hemos preferido que sea la Suprema Corte la que pueda pronunciarse en este tema, y tener certeza en este procedimiento”, concluyó la legisladora.

Congreso desechó solicitud de juicio político a Chapman por falta de elementos: GDN

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, aseguró en un encuentro con los medios de comunicación que la solicitud de juicio político promovida en contra del alcalde Ahome, Guillermo Chapman Moreno, fue desechada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación por no contar con los elementos probatorios para fincarse.

“Considero que los diputados que forman parte de la Comisión hicieron un estudio apegado a la legalidad y están ahí para resolver las dudas que pudieran tener quienes promovieron este juicio político así como a cualquier ciudadano que tenga inquietud en ese tema”, señaló la también coordinadora de Morena en el Congreso.

“Lo que se nos ha informado por parte de esta Comisión, es que de acuerdo a lo que establece un juicio político, que es una violación grave y sistemática a la constitución y a las leyes, no se encontraron las pruebas suficientes para lograr documentarse”, agregó la morenista.

Destacó que ante la solicitud realizada por los promoventes, la prioridad del Congreso del Estado es atender dicha solicitud y analizar a conciencia y con apego a la legalidad los elementos aportados para fincar este juicio político.

“Como Congreso, no quisimos mantener el tema congelado, se dio el tiempo para que se hicieran los estudios y esa es la conclusión a la que se ha llegado. Por otro lado, decirle a los ciudadanos ahomenses y a los promoventes mismos, que ellos han acudido a otras instancias jurisdiccionales y esperamos que estas instancias también puedan resolver el tema. Hablando de manera específica de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral”, señaló.

Finalmente, observó que todo el procedimiento se realizó exento de elementos de tipo político, pues es deber del Congreso cuidar los instrumentos jurídicos para que sean usados para su real propósito.

“Estamos totalmente abiertos a que se haga un escrutinio jurídico del caso, porque finalmente la transparencia es lo que debe dar la certeza acerca de que fue lo que propició la resolución.

No hay ningún ingrediente de tipo político, lo que siempre buscamos es que se revisara conforme a lo que jurídicamente establece un juicio político. Nuestra obligación institucional es cuidar los instrumentos para que no sean utilizados políticamente sino en su justa dimensión”, concluyó la legisladora.

El Poder Legislativo de Sinaloa respalda al Presidente de México

MANIFIESTO

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, al pueblo de México y de Sinaloa hace saber:

Ante los acontecimientos violentos del jueves 17 de octubre de 2019 acaecidos en la ciudad de Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, reconocemos que se generó una situación que agravia a la sociedad y al Estado Mexicano, y evidencia a la vez la necesidad que todas las fuerzas políticas y los diversos niveles de gobierno y órganos del Estado sumemos esfuerzos en aras de la paz y la seguridad de los mexicanos y los sinaloenses. Combatir la violencia y la inseguridad generada por el crimen organizado y la larga historia de corrupción reclama la mayor unidad.

El Poder Legislativo de Sinaloa, en el marco del federalismo republicano, manifiesta su respaldo al presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, reconociendo su visión para transitar a un Estado de paz duradera que pone en el centro la vida de los seres humanos, superando las estrategias de muerte y violencia. El humanismo al mando de la política de Estado para el combate a la violencia y la inseguridad.

Optar por la vida fue una decisión acertada del gabinete de seguridad nacional e inmediatamente respaldada por el C. Presidente de la República. Evitar una masacre, acabar con la zozobra y el terror de niños y mujeres y hombres que se encontraban en el sitio de las balaceras, sugiere la posición más elevada de un estadista. Combatir la violencia no debe ser a costa del sacrificio de seres humanos.

Asimismo, expresamos nuestro apoyo y respaldo al gobierno de Sinaloa, al C. Gobernador Quirino Ordaz Coppel, por sus contribuciones para restablecer la normalidad en Sinaloa, y en especial en Culiacán, destacando su disposición a coordinarse con el gobierno federal.

Por supuesto, que es insoslayable destacar las faltas legales, los errores y omisiones tácticas y técnicas, cometidas en las acciones de las fuerzas policiacas y militares que se presentaron a realizar el operativo del citado 17 de octubre. El propio gabinete de seguridad lo reconoce como un operativo fallido. A diversos órganos del Estado le corresponde hacer las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Estamos claros que hay muchas dudas en ciertos sectores de la población, y les asiste la razón. Para avanzar y recuperar la tranquilidad y la confianza, es indispensable se cumpla con las investigaciones en torno al operativo fallido, llamado así por los propios mandos del gabinete de seguridad nacional. Investigaciones que deben realizarse con estricto apego a derecho y total transparencia ante la sociedad. Sinaloa y México así lo reclaman. Cumplir esto es necesario e inaplazable.

Reconocemos que al reivindicar la estrategia de la no violencia por el gobierno federal no supone renunciar al monopolio y uso de la fuerza de Estado. Implica, al contrario. Definir una estrategia caracterizada por la inteligencia y la atención a las causas sociales de fondo que explican la descomposición social de la que se alimenta el crimen organizado. La fuerza de la delincuencia no está por encima de la política y la fuerza del Estado mexicano.

Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas inocentes, efectivos militares y policiacos caídos en el cumplimiento de su deber.

Les pedimos a las autoridades estatales que asuman la atención a las víctimas de los sucesos de este día jueves 17.

De igual forma, manifestamos nuestro reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional y a los diversos cuerpos policiacos de nuestra entidad federativa.

Los tiempos que vivimos son de reflexión y solidaridad. Con orgullo observamos la capacidad de respuesta de los sinaloenses tan plena de solidaridad y socorro ante la amenaza de muerte: empresas, casas habitación y otros espacios cobijaron a cientos de personas para evitar los riesgos que implicaba la gran cantidad de enfrentamientos en la calle.

Justamente por el carácter y fuerza moral de los sinaloenses, por su cultura y sus convicciones, la normalidad ha retornado a la ciudad de Culiacán. Vale decir, se observa un pueblo creciente en identidades propiciadas ante la adversidad.

Como igual son tiempos para que todos los niveles de gobierno, con base al artículo 21 constitucional, sumen esfuerzos trascendiendo colores partidarios, y así garantizar la vigencia del estado de derecho, la seguridad de las personas y una paz duradera.

Unidad nacional en torno a la política del Estado para el combate a la violencia y la inseguridad es el reto de todas las fuerzas políticas del país comprometidas con la paz y el desarrollo social de México; garantizar la aplicación de la ley y la seguridad es la obligación del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de Sinaloa, a los 22 días del mes de octubre de 2019.

NO A LA VIOLENCIA, SI A LA VIDA Y A LA PAZ: GDN

COMUNICADO

Lamento profundamente los hechos ocurridos en Culiacán durante las últimas horas, en las que todas y todos vivimos terror, incertidumbre, desesperación, impotencia, desamparo e inseguridad. Expreso mi reconocimiento a todos los sinaloenses que, en un despliegue de la generosidad que nos caracteriza, recibieron en sus hogares, negocios y centros de trabajo a quienes lo necesitaron.

El Gabinete de Seguridad y el presidente de la República han dado ya su postura al respecto, en la que se reconoce un operativo fallido. Ante lo ocurrido, se privilegió la seguridad de la sociedad civil y la salvaguarda de vidas inocentes. Esto demuestra que el Gobierno actual no tenía más interés que el de pacificar una ciudad convertida en un caos por la violencia. Ante la adversidad y los tiempos difíciles que vivimos, es momento de la reflexión social y la solidaridad. Son tiempos de apoyar al presidente de la República para solucionar el problema añejo de la descomposición social, poniendo siempre en primer lugar la vida y la paz. Confiamos en que ante este duro episodio, las autoridades competentes , en todos los niveles de gobierno, mejorarán sus estrategias. La política de pacificación se debe hacer atendiendo las causas sociales que generan la violencia. Sabemos que, ante años de omisión e impunidad, no es un tema que pueda resolverse de la noche a la mañana, pero confiamos en que se impondrá la paz y la tranquilidad por el bien de todas y todos.