La consulta sobre la representación indígena ante los Ayuntamientos y el Poder Legislativo de Sinaloa celebrará su etapa final este jueves 24 en el Salón Constituyentes, con el propósito de culminar el proceso para expedir la reforma constitucional correspondiente antes de que culmine el mes de agosto, informó José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del Congreso del Estado.
En entrevista para el programa institucional El Congreso Informa, precisó que de aprobarse esta reforma constitucional deberá promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el próximo proceso electoral, refiriendo que el Congreso de Sinaloa emitirá la convocatoria a elecciones para el 2024 a más tardar el 15 de diciembre de 2023.

“Tenemos los plazos limitados para concluir los trabajos a más tardar a principios de septiembre y por esa razón, si queremos que los pueblos y comunidades indígenas participen en el proceso electoral 2024, tenemos que hacer la consulta y concluir a tiempo», comentó al anticipar que se tendrán las sesiones extraordinarias que sean necesarias.
Recordó que la primera consulta indígena que hizo el Congreso del Estado de Sinaloa fue en 2019, en el periodo de la Sexagésima Tercera Legislatura, para expedir una nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).
“La 62 legislatura hizo una ley orgánica sin tomar en cuenta a los indígenas y hubo quienes se inconformaron y la SCJN ordenó que se hiciera la consulta”, dijo.
La segunda consulta indígena fue sobre la presencia de los pueblos y las comunidades indígenas en los Ayuntamientos y en el Congreso del Estado de Sinaloa, la cual inició en 2019 y debió concluir el 28 de marzo del 2020, pero no fue posible a causa de la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, los trabajos continuaron con foros vía zoom a finales de 2020 y se logró que las comunidades indígenas registraran una iniciativa de ley en Oficialía de Partes del Congreso. No obstante, no dio el tiempo para que el Pleno del Congreso la aprobara al llegar la elección de 2021.
Por tal motivo, apuntó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un mandato para que el Congreso del Estado concluya esa consulta con el propósito de que los pueblos y comunidades indígenas puedan estar representados en los Ayuntamientos y en el Poder Legislativo.
Sostuvo que la Sexagésima Cuarta Legislatura quiere cumplir con ese mandato culminando la consulta de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recordó que en 2021 se implementaron acciones afirmativas indígenas en el proceso electoral y en 2024 se busca garantizar una representación indígena legítima aprobando un marco legal que brinde seguridad a los pueblos y comunidades indígenas.
“Que se legisle para que en cada Ayuntamiento se registre una planilla de regidores y en esa planilla de regidores exista una fórmula indígena”, expresó.
“Queremos darle la seguridad a las comunidades y pueblos indígenas de que ellos, por fuera del sistema de partido, van a nombrar alguna persona a través de sus usos y costumbres, para que forme parte del Ayuntamiento y que tenga condiciones para trabajar”, dijo.
El pasado viernes 18 de agosto, la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, determinó tres iniciativas relacionadas con estos temas:
Una tiene como objeto adicionar el artículo 26 Bis a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa para que se garantice el nombramiento de representantes indígenas por medio de sus usos y costumbres y se les permita participar en las sesiones de cabildo.
La segunda propone reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa para que en los municipios con población indígena se pueda elegir a representantes indígenas ante los Ayuntamientos, observando el principio de paridad de género.
En la tercera, el Grupo Parlamentario de Morena propone reformas y adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para aumentar la representación de grupos de personas indígenas, de la diversidad sexual y jóvenes en el Congreso del Estado.
Lo anterior asegurando que las candidaturas de personas pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena sean incluidas por los partidos políticos en los primeros cuatro lugares de las listas por el principio de representación proporcional, entre otros puntos.
Al respecto, José Antonio Ríos Rojo sostuvo que todas las iniciativas pasarán por el Pleno, y de ahí a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Comunidades y Asuntos Indígenas, para la elaboración de los dictámenes.
Luego, de ser aprobados en el Pleno, los cambios a la Constitución pasan a los Ayuntamientos, puesto que se requiere la aprobación de dos terceras partes de los municipios, y finalmente, se turna a firma del gobernador, para su publicación en el Periódico Oficial «E Estado de Sinaloa» .
Por lo pronto, el jueves 24, luego de la Sesión Solemne en la que se colocará el nombre del revolucionario indígena Felipe Bachomo en el Muro de Honor, dará inicio al mediodía la última fase de la consulta que terminará aproximadamente a las seis de la tarde.

*Al igual que todos los recursos de Gobierno del Estado, son sujetos de auditoría por parte del ente correspondiente, en este caso, la Auditoría Superior del Estado, sin que ello violente las facultades de las instituciones educativas y mucho menos trastoque su autonomía.

Culiacán, Sinaloa, a 21 de Agosto de 2023.- A nosotros nos auditan absolutamente todo el recurso que recibimos, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya en el marco de la Conferencia Semanera que encabezó este lunes al precisar la cantidad de recursos financieros que Gobierno del Estado ha transferido de manera puntual a la Universidad Autónoma de Sinaloa y que sólo durante el año pasado ascendió a un total de 2 mil 595 millones 213 mil pesos de subsidio estatal, monto al que se agrega el subsidio federal que en el año 2022 fue de 4 mil 779 millones 515 mil pesos, para un subsidio global total por el orden de los 7 mil 374 millones 729 mil pesos.

Tras aclarar que resulta infundada la declaración del Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina relativa a la inexistencia de recurso estatal otorgado a la universidad durante el año pasado, el mandatario estatal indicó que este monto, al igual que todos los recursos de Gobierno del Estado, son sujetos de auditoría por parte del ente correspondiente, en este caso, la Auditoría Superior del Estado, sin que ello violente las facultades de las instituciones educativas públicas y mucho menos trastoque su autonomía.

«Si la universidad admite que el Gobierno Federal le audite el recurso que le da el Gobierno Federal, que se meta a sus cuentas y las revise y no acusa que le viola la autonomía, ¿porqué, cuando nosotros queremos, a través de la Auditoría Superior, auditar los recursos que le da el estado, argumentan que se les viola su autonomía? A ver, díganme por favor porqué, si es gobierno. Aquel es Gobierno Federal y este es Gobierno Estatal», expresó el Gobernador.

Tras señalar que desde el inicio de su administración se ha incrementado de manera exponencial el subsidio estatal para la universidad, Rocha Moya recordó que además, se está brindando un apoyo extraordinario de 120 millones de pesos mensuales para que la Universidad Autónoma de Sinaloa pueda pagar créditos fiscales contraídos ante el Servicio de Administración Tributaria.

«Ya pagamos un crédito de 600 millones y estamos con otro, ¿de quién? De la universidad, nosotros lo estamos pagando, ¿no les damos dinero? Pues es una verdadera desconsideración, si les estamos pagando el SAT. Yo celebró que ellos ya timbran, porque, porque esa es la condición que el SAT dice, sí, me pagas los créditos pendientes pero me demuestras que ya estas timbrando, que tienes que cotizar y enterar al SAT», agregó el Gobernador.

Finalmente, el Ejecutivo Estatal reiteró que esto demuestra de manera palpable su apoyo hacia la institución y hacia los propios universitarios, a quienes llamó amigos y compañeros, por haber sido él también Rector de este prestigiado centro educativo.

La Comisión Permanente de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado de Sinaloa determinó once iniciativas que cumplen con los requerimientos legales establecidos para continuar su proceso legislativo.

La diputada Felicita Pompa Robles, presidenta; la diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez, secretaria; la diputada vocal María del Rosario Osuna Gutiérrez y el diputado vocal Serapio Vargas Ramírez, aprobaron cada uno de los expedientes al confirmar el cumplimiento de los requisitos.

La primera iniciativa determinada en la reunión de trabajo de este viernes fue del ciudadano sinaloense Alejandro Camacho Mendoza que propone expedir la Ley de Regularización de Predios Urbanos del Estado de Sinaloa.

La segunda iniciativa es la ciudadana Rocío Anahí Mendoza Camacho y los ciudadanos Óscar Artemio Coronado Cota, Ricardo Alberto Escobar Castro, José Rogelio Campos Campos, Jesús Guillermo Padilla Montiel, Héctor Cota Cota, Lorenzo Valdez Colunga, Cristian Jaime Barraza Nevarez, José Luis Leyva Iriarte, Jesús Rosario Monreal Carvajal, Santiago Cristóbal Soto Cota y Luis Alfonso Cota Sánchez.

Esta iniciativa propone reformas la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa con el objeto que los municipios tengan la obligación de promover la creación de consejos ciudadanos multidisciplinarios para el desarrollo sostenible con carácter de órganos consultivos.

En la tercera iniciativa  los ciudadanos sinaloenses Sergio Avendaño Coronel y Fernando Ruiz Rangel proponen expedir la Ley para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos para el Estado de Sinaloa y reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

Esta iniciativa busca establecer medidas de protección para toda aquella persona que denuncie posibles hechos de corrupción relacionados con faltas administrativas y/o aporte información sensible al proceso de investigación de los mismos y las medidas de protección podrán extenderse a familiares del denunciante hasta tercer grado por consanguinidad.

En la cuarta iniciativa la diputada de MC Celia Jáuregui Ibarra y los ciudadanos sinaloenses Mario Rafael González Sánchez y Omar Valero López proponen expedir la Ley de la Procuraduría Social del Estado de Sinaloa.

En la quinta iniciativa el Grupo Parlamentario de Morena propone expedir la Ley para la Construcción y Fomento de la Cultura de Paz en Sinaloa con el propósito de construir una cultura de paz en Sinaloa y el fomento del derecho humano a la paz y disponer el Programa Estatal para la Construcción y Fomento de la Cultura de Paz en Sinaloa.

En la sexta iniciativa el Grupo Parlamentario del PAS y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez proponen que los adolescentes y menores de edad puedan aperturar y ser titulares de cuentas bancarias de ahorro.

En la séptima iniciativa el Grupo Parlamentario del PAS y la ciudadana sinaloense Jesús Angélica Díaz Quiñónez proponen que las causas de exclusión no sean aplicables para los delitos en materia de feminicidio y los cometidos en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo de menores de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo.

En la octava iniciativa la diputada sin partido Gloria Himelda Félix Niebla y la diputada de Morena Juana Minerva Vázquez González proponen establecer que se promueva la transparencia, la equidad y la participación ciudadana en los procesos electorales de Sinaloa, y establecer requisitos claros para quienes aspiren a cargos políticos, tanto a nivel estatal como municipal.

La novena y la décima iniciativa son de las diputadas Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, María Aurelia Leal López, Deisy Judith Ayala Valenzuela, María Guadalupe Cázares Gallegos y los diputados Ambrocio Chávez Chávez, José Manuel Luque Rojas, Feliciano Valle Sandoval y Juan Carlos Patrón Rosales.

En la novena iniciativa proponen que los Ayuntamientos con población reconocida como pueblos y comunidades indígenas, se garantice el nombramiento de representantes indígenas por medio de sus usos y costumbres y se les permita participar en las sesiones de cabildo.

En la décima iniciativa proponen que aquellos municipios con población reconocida y declarada como pueblos y comunidades indígenas puedan elegir representantes indígenas ante los Ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.

En la décimo primera iniciativa el Grupo Parlamentario de Morena propone aumentar la representación de grupos personas indígenas, de la diversidad sexual y jóvenes en el Congreso del Estado.